El Laboratorio de Conversación Pública, a través de su Informe n°3 de Corrientes Subterráneas “Registro Social de Hogares”, pone en evidencia la brecha entre cómo el Estado organiza la ayuda social y cómo las personas viven realmente sus necesidades.

Una brecha entre sistema y experiencia 

No poseer beneficios no siempre significa no necesitarlos. En muchos casos, es esta instancia donde comienza el sentimiento de injusticia y desilusión en la población. 

El Registro Social de Hogares está pensado como un recurso para ordenar el acceso a beneficios y ayudas estatales, Sin embargo, en las comunidades digitales aparece cada vez más como un espacio de dudas y desconfianza, donde además se valida la transición de la “maña al amaño”.

Esto se evidencia a través de los distintos cruces de conversaciones rescatados en redes sociales -especialmente en Facebook- y de la cobertura mediática, se refleja una “justificación” compartida ante la alteración u omisión de datos, que se articula bajo ciertos puntos principales:

La ineficacia del sistema

En este marco, se suma una constante crítica hacia las instituciones públicas y el Estado, donde los señalan de poco empáticos e injustos.

Diversas manifestaciones de usuarios relatan que, pese a enfrentar situaciones precarias -económicamente-, no cumplen con los criterios requeridos para la posible obtención de beneficios (educativos, vivienda, salud, entre otros), aquí la alteración de datos en el RSH aparece como un último recurso para cubrir necesidades básicas.

Esta práctica se excusa bajo la idea de que el sistema es “ciego” en el contexto de las distintas realidades de los hogares, lo que termina legitimando el engaño como una forma de obtener justicia.

“Todos menos yo”

Pero quizás la justificación más potente es también la más simple: la necesidad.

En relatos marcados por la urgencia económica, aparece lo que podría llamarse una lógica de “todos menos yo”, donde se percibe que personas bajo condiciones similares —o incluso mejores— sí reciben beneficios. Esto no solo genera una sensación de frustración, sino que instala un sentimiento de abandono.

En este escenario, se fija una especie de “competencia imperceptible” por recursos de parte de los usuarios del mismo segmento socioeconómico, quienes justifican esta lógica para no quedar fuera de una carrera donde el “ganador” es quien demuestre mayor miseria.

Solo los ricos tienen derecho

En paralelo, se construye una justificación en base a las confrontaciones de clase. La crítica más amplia es hacia las “élites» o los “ricos” ya que para la mayoría de internautas, ellos gozan de privilegios y servicios garantizados sin tener necesidades reales. 

Esta comparación vertical refuerza una lógica compensatoria: si el sistema favorece solo a los de arriba, entonces la tergiversación de datos es una respuesta adaptativa a un sistema que muchos consideran insuficiente, y es justificada, porque actúa como un acto de equilibrio desde la base, lo que lo vuelve legítimo.

El limbo de la “clase media”

Otro hallazgo relevante es el descontento de quienes se autodefinen como clase media. Muchos usuarios afirman estar atrapados en un “limbo”: son considerados “muy ricos” para recibir bonos estatales, y “muy pobres” para acceder a créditos bancarios.

Esta sensación de ser “los olvidados” del sistema, refuerza la búsqueda de caminos alternativos para no quedar completamente excluidos y poder acceder a algún tipo de protección social.

Más allá de las motivaciones individuales, el informe apunta a un problema estructural. La arquitectura propia del sistema fomentaría la alteración o modificación de datos socioeconómicos, lo que llevaría a una competencia silenciosa entre ciudadanos que tensionaría a su vez sus valores al obligarlos a decidir entre la honestidad y la obtención de recursos vitales.